La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que el Gobierno andaluz habrá convocado más de 25.000 plazas de empleo público en ofertas ordinarias durante la legislatura antes de que acabe 2018, y prevé la convocatoria extraordinaria de otras 37.000 para dar estabilidad hasta 2019.
En la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento andaluz, Díaz ha señalado que la Junta viene agotando el «límite máximo» de las tasas de reposición en sus ofertas de empleo público y además ha recuperado derechos como el incremento salarial del 1% en 2016 y 2017, la devolución de los días adicionales de permiso por asuntos particulares y los días adicionales de vacaciones por antigüedad, el 100% de jornada y retribuciones del personal no permanente, el permiso retribuido para embarazadas, la reducción voluntaria de un 10% de la jornada laboral, también para el personal temporal, o el permiso para el cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave.
También para este año se ha previsto un nuevo incremento salarial, ningún empleado público a jornada completa de la Junta cobrará menos de 1.000 euros, y se han recuperado todos los tramos de la paga extra de diciembre de 2012, entre otros avances. Igualmente, el Gobierno andaluz ha trabajado para la reimplantación de las 35 horas semanales.
Susana Díaz ha incidido en la necesidad de que los empleados públicos recuperen derechos, así como de reducir la temporalidad, después de que este colectivo haya hecho un «esfuerzo» durante la crisis que contribuyó al sostenimiento de los servicios públicos.
Por otra parte, Díaz ha defendido, ahora que entramos en un nuevo ciclo económico, la necesidad de un pacto para el blindaje de la educación y la sanidad pública en Andalucía, al que ha animado a sumarse a las fuerzas políticas y los agentes sociales de la comunidad y que, tal y como ha explicado, debe servir para que «en el futuro, ningún Gobierno insensible y cruel ponga en cuestión» estos servicios públicos.
La presidenta, que ha agradecido el trabajo de los 95.000 profesionales sanitarios y 98.000 docentes andaluces, ha citado, entre las medidas que el Ejecutivo andaluz ha llevado a cabo en materia sanitaria, la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, la reducción a 90 días del plazo máximo de respuesta quirúrgica a pacientes que precisen intervenciones cardiacas, la ampliación a 30 de las enfermedades hereditarias de las técnicas de Diagnóstico Genético Preimplantatorio y la entrada en servicio de más de 40 infraestructuras sanitarias desde 2015.
Respecto a la educación, se han incrementado en más de 23.000 las plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años (frente a las 12.000 comprometidas); han aumentado en 2.000 las plazas de FP, la plantilla pública docente ha crecido en 2.676 profesionales y se ha aprobado el Plan Estratégico para el Desarrollo de las Lenguas en Andalucía Horizonte 2020.
Asimismo, la presidenta de la Junta se ha referido en el Parlamento a las principales cifras del sistema de dependencia de Andalucía, que es el mayor de España y que cuenta con 200.000 personas atendidas y 256.000 prestaciones. La Junta, con 1.214 millones de euros, financia el 82% de este pilar del Estado del Bienestar en la comunidad, mientras que el Gobierno central ha recortado, con Rajoy, 730 millones de euros.
Susana Díaz ha señalado además que Andalucía, que cuenta con más de 45.000 trabajadores en el conjunto del sector, es la única comunidad española en la que los que se encargan de las valoraciones de la dependencia son empleados públicos. Fuente; Junta de Andalucía
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