Se prevé contratar aproximadamente a unas 7.500 personas para la realización de obras y servicios de interés general y social, también obras y servicios en materia de prevención de incendios, trabajos forestales y de mejora medioambiental, agentes de igualdad….
El primer programa suscrito con los municipios de más de 5.000 habitantes es el relativo a la contratación de personas en riesgo de exclusión social (perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía), dotado con un total de 10 millones de euros. Con esta cuantía se prevé contratar aproximadamente a unas 1.000 personas en dicha situación para la realización de obras y servicios de interés general y social. La subvención asciende a 10.000 euros por contrato a jornada completa por un periodo de 180 días, siendo el importe máximo destinado por municipio de 1.500.000 euros. Los contratos han de formalizarse antes del 1 de mayo de 2016. El crédito se distribuye en función de dos variables con el mismo peso en el cálculo: por una parte, se ha realizado en función de la media de parados registrados en el municipio durante 2015 y por otra parte, se hace un cálculo en relación con las personas dadas de alta en la localidad como beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
En segundo lugar, se han firmado convenios con todas las diputaciones provinciales de la Comunidad para financiar los costes de la contratación de trabajadores en situación de desempleo, con el objetivo de realizar obras y servicios de interés general en materia de prevención de incendios, trabajos forestales y de mejora medioambiental. En este caso la distribución de las cuantías subvencionadas se ha realizado con el criterio ponderado que ha resultado del cálculo basado en el 50 % en función de la tasa de paro de la provincia, el 25 % en función de la superficie forestal provincial y el 25 % restante en función del número de incendios provinciales en los últimos 5 años.
Los destinatarios de estos contratos serán desempleados, dando prioridad a los colectivos siguientes: jóvenes menores de 35 años, preferentemente aquellos que no tengan cualificación; mayores de 45 años, especialmente aquellos que hayan agotado sus prestaciones y tengan cargas familiares, y, finalmente, los parados de larga y muy larga duración, con especial atención a los que hayan agotado prestaciones, y las personas en riesgo de exclusión social. Sin embargo, se valorará la experiencia en trabajos de carácter forestal y medioambiental. Con esta línea se prevé apoyar la contratación de unos 330 trabajadores.
Además de los dos programas que hoy se firman (Contratación de personas en riesgo de exclusión y servicios específicos del sector forestal), el Plan de Empleo Local 2016 incluye otras líneas de actuación. Así, por ejemplo, ya se han aprobado subvenciones por importe de 2,49 millones de euros para los municipios mineros de León y Palencia, que supondrán la contratación de unos 250 trabajadores.
Por otra parte, está convocada, también para los municipios mineros, una línea de subvenciones dirigidas a promover la afiliación en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos con una inversión total de 300.000 euros que podrían llegar a cubrir el alta de más de 300 nuevos autónomos.
Otra de las medidas puestas ya en marcha para dinamizar la actividad económica, y a su vez turística y cultural, es una subvención por importe de 200.000 euros para la contratación con motivo de la vigésima primera Exposición de las Edades del Hombre, que supondrá la contratación de más de una veintena de trabajadores.
Otra parte importante de incentivos, dentro de las subvenciones a entidades locales, es la que va dirigida a fomentar la contratación de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social, en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación. Para este programa se prevé una inversión de 5 millones de euros, que permitirán la contratación de en torno a otros 1.000 trabajadores.
La convocatoria para empleo turístico, con un importe de 12,3 millones de euros, se desplegará en dos líneas: una para municipios de menos de 5.000 habitantes, que se beneficiarán de este apoyo para mantener y explotar sus recursos turísticos (acciones de conservación o restauración del Patrimonio Cultural, Medioambiental o Paisajístico; actuaciones en municipios que forman parte de la Ruta de Santa Teresa, el Camino de Santiago o con declaración de Conjunto Histórico); y la segunda línea se dirige a las diputaciones provinciales, para el desarrollo de proyectos de carácter supramunicipal (como el Camino de Santiago o la Ruta del Cid…). Entre ambas líneas se prevé contratar hasta un total de 1.850 trabajadores.
Por último, se prevé la posibilidad de contratar agentes de igualdad para municipios de más de 20.000 habitantes, con un importe previsto de 250.000 euros, lo que implicará la contratación de unos 24 trabajadores.
A todos estos programas habría que añadir casi 11 millones de euros aprobados por la Consejería de la Presidencia para municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales, gestionados por el Servicio Público de Empleo.
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