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El Gobierno dará 42 millones a las agencias privadas de colocación. (Directorio)


El Consejo de Ministros ha aprobado un contrato del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con las Agencias de Colocación sobre la base del Acuerdo Marco de colaboración con estas entidades de 2013.

El Acuerdo Marco de Intermediación Laboral, aprobado en agosto de 2013, supuso el establecimiento de la arquitectura común de la colaboración público-privada en España y una preselección de ochenta agencias con las que ahora pueden formular contratos los Servicios Públicos de Empleo. Los Servicios Públicos de catorce Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal se adhirieron al Acuerdo.

Colaboración público-privada

El contrato supone un impulso a la intermediación laboral, aprovechando los beneficios de la colaboración público-privada.

El objetivo del contrato es la colaboración de demandantes de empleo de todo el territorio nacional en el plazo de un año desde la formalización de los contratos con las agencias adjudicatarias. Están excluidos Ceuta y Melilla y los beneficiarios del PREPARA, dado que en ambos casos existe otro procedimiento específico.

El contrato contará con un presupuesto total de 41,7 millones, a distribuir entre 2015 y 2016: 5 millones y 36,7 millones, respectivamente.

Una característica relevante es la identificación de cuatro lotes de contratación en función del perfil de los desempleados a insertar. Se clasifican en función del tiempo que lleven registrados como demandantes de empleo, con un mínimo de tres meses: tres-seis meses, seis meses-un año, uno-dos años y más de dos años.

Además, siguiendo el esquema que ya establecía el Acuerdo Marco, estos servicios de colaboración se retribuirán en función de los resultados, medidos en términos de la inserción efectiva de los demandantes de empleo durante, al menos, seis meses, contados dentro de un período de ocho meses. Habrá incentivos adicionales por contrataciones de mayor duración. Todo ello, sin perjuicio de importes mínimos por beneficiario atendido, para favorecer un tratamiento individualizado y la adecuada orientación para el empleo.

Fuente: Gobierno

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Además  el gobierno ha presentado en el Consejo de Ministros un informe sobre la Estrategia de Activación para el Empleo, un conjunto de reformas que están en marcha desde el año 2012 y constituyen «una palanca adicional a la reforma laboral para devolver las oportunidades a los españoles». La ministra ha destacado la importancia que en su desarrollo han tenido el diálogo y la coordinación permanente con las comunidades autónomas y con los interlocutores sociales.

El conjunto de estas políticas cuenta con un presupuesto de 4.764 millones de euros en 2015, casi un 17% más que el año anterior. El grueso de esos fondos se destina a las acciones formativas (un 44%) y a las bonificaciones orientadas al fomento del empleo estable y la inserción de los colectivos más vulnerables (un 31,5%).

La estrategia se estructura en seis grandes ejes: coordinación y modernización, empleo juvenil, bonificaciones, formación, vinculación entre políticas activas y pasivas, e intermediación.

También ha apuntado que más de 400.000 menores de 30 años son beneficiarios de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, y más de 60.000 menores de 25 años están inscritos en la Garantía Juvenil.

En cuanto al nuevo modelo de formación profesional para el empleo, las primeras convocatorias en concurrencia competitiva han duplicado las ofertas y han reducido el precio hasta en un 27%.

La reforma del Plan Prepara para dotarlo de estabilidad hasta que la tasa de desempleo baje del 20%, la creación del Portal Único de Empleo y Autoempleo y el Acuerdo Marco de intermediación laboral para desarrollar la colaboración público-privada en este terreno son otros resultados de la estrategia mencionados por Báñez.

En primer lugar, ha autorizado la celebración de un contrato por valor de 41,7 millones de euros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con agencias de colocación para que colaboren en la inserción de personas desempleadas. En segundo lugar, ha aprobado un Real Decreto que regula el régimen de autorización y la actividad de las empresas de trabajo temporal.


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