MarcaEmpleo Búsqueda de Empleo – Marcaempleo Andalucía. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Gobierno aprobará el decreto Ley que recoge la Renta Mínima de Inserción Social y que entrará en vigor el 1 de enero de 2018. En la sesión de control parlamentaria, Díaz ha señalado que esta medida es posible gracias a la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el próximo ejercicio, que recoge 198 millones de euros para este fin.
El decreto recogerá los criterios de reparto de esta renta que oscilará entre los 419,52 y los 779,87 euros, según ha señalado la presidenta, quien ha añadido que no se tendrán en cuenta otros ingresos como las pensiones de alimentos o de orfandad para su cálculo, «de manera que sea un refuerzo y apoyo de protección a la infancia». Según Díaz, «la renta mínima de inserción nace como parte de una política más amplia de integración social y laboral».
La presidenta andaluza, que ha defendido que esta medida forma parte «de la cobertura que este Gobierno está haciendo a las personas más desfavorecidas», ha señalado que su desarrollo se ha hecho contando con los servicios sociales comunitarios, los sindicatos y la patronal.
Díaz ha señalado que «la renta mínima de inserción es dignidad» y ha recordado que Andalucía es la comunidad autónoma que redistribuye más y mejor los recursos públicos entre la ciudadanía, según el Instituto de Estudios Fiscales despendiente del Ministerio de Hacienda, y «hemos conseguido reducir la pobreza en un 17,7%». Todo ello, pese a «que tenemos una renta más baja y una mala financiación, una reducción de las inversiones estatales del 36% y pese al maltrato del Gobierno central». Según este estudio, la Junta redistribuye para «que la pobreza se reduzca más que en el resto de España».
Susana Díaz ha reiterado que la mala aplicación y gestión del actual modelo está perjudicando a todos los andaluces. Por eso, ha dicho, «en el nuevo tiene que haber nivelación y suficiencia financiera, y prever situaciones de futuro» para mantener unos servicios públicos de calidad en condiciones de igualdad en todos los territorios de España
