El plan cuenta con un presupuesto total de 4.788 millones de euros y supone la consolidación de un nuevo modelo de políticas activas que vincula mejor la oferta y la demanda de empleo.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) para 2015 que fue acordado con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. El documento recoge las políticas de activación para el empleo que llevarán a cabo tanto los servicios públicos de empleo autonómicos como el Servicio Público Estatal.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez ha detallado que el documento tiene cinco objetivos: apuesta por el empleo juvenil; favorece la empleabilidad de los colectivos vulnerables, como los mayores de 45 años y los parados de larga duración; mejora la calidad de la formación profesional para el empleo; refuerza la vinculación de las políticas activas y pasivas, e impulsa el emprendimiento.
El Plan incorpora un sistema de indicadores para evaluar las políticas activas de empleo que se vincularán a resultados. De esta manera, ha dicho Báñez, se evalúa en cada comunidad autónoma el nivel de inserción de los parados en el mercado laboral.
El presupuesto total del Plan asciende a 4.788 millones de euros, de los que 1.543 se distribuirán a las autonomías para que los gestionen, un 17% más que en 2014. El 60% de los fondos se repartirán en función de los resultados, porcentaje que subirá al 70% en 2016.
Dentro de los 1.543 millones de euros que recibirán las comunidades autónomas, la ministra ha indicado que se incluye una ayuda extraordinaria de 129 millones para aplicar las medidas contenidas en el Programa de Activación para el Empleo, en especial la atención personalizada a los colectivos más vulnerables. El 40% (51.5 millones) de esa ayuda se repartirá en función del colectivo de potenciales beneficiarios por comunidad autónoma, mientras que el 60% restante (77,5 millones) se hará en función del nivel de inserción que haya obtenido cada una de ellas entre el 15 de febrero y el 31 de julio de este año.
Además el Gobierno ha aprobado un Real Decreto que desarrolla el sistema de liquidación directa de las cotizaciones a la Seguridad Social. El nuevo modelo simplifica a los empresarios la obligación de liquidar las cuotas y permite al trabajador conocer en tiempo real de forma transparente su desglose.
Fátima Báñez ha explicado que la Tesorería General de la Seguridad Social enviará el borrador de la liquidación a los empresarios, que tendrán que confirmarlo o comunicar cualquier variación en la situación del trabajador. Además, ha asegurado que el procedimiento es completamente telemático, supone un ahorro para la administración y es un elemento fundamental en la lucha contra el fraude.
El Gobierno estima que el procedimiento llegará de manera gradual a cinco millones de trabajadores a final de 2015 y a final de 2016 estará completamente implantado en España.