El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres pondrá en marcha la Residencia de Mayores Santa Ana a lo largo del próximo mes de marzo. Así lo han comunicado fuentes municipales que, a través de un escrito, han recordado además que dicha apertura se ha visto retrasada por problemas económicos, así como por un proceso judicial en el que se ha visto inmerso este proyecto a raíz de una denuncia presentada por el sindicato CSI-F.
El edificio, según las mismas fuentes, se construyó en abril del año pasado y este verano se dotó de equipamiento, obteniendo todos los permisos necesarios para su apertura. Sin embargo, una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres, tras una denuncia del CSI-F de las antiguas trabajadoras del Centro de Día, anuló la convocatoria de empleo para cubrir los catorce puestos de trabajo necesarios para la residencia. Dicha sentencia prohibió al ayuntamiento dar preferencia en la oferta de empleo a los malpartideños desempleados con cargas familiares y con menos ingresos, obligando al ayuntamiento a realizar una oferta pública valorando exclusivamente la capacidad y el mérito.
PROCESO DE LICITACION Desde ese momento, el consistorio decidió recurrir dicha sentencia por considerarla «alejada de la realidad económica y social del municipio» pues una oferta pública en cualquier boletín oficial conllevaría, según alegaron desde el consistorio, «la presentación de miles de candidatos de toda España, mermando las posibilidades de empleo de los malpartideños». Este hecho llevó al equipo de gobierno a aprobar en pleno la licitación de la gestión indirecta de la Residencia con el Centro de Día, un asunto que salió adelante con los seis votos a favor del PP y tres en contra de la oposición –PSOE y SIEX–.
La duración del contrato será de diez años y el ayuntamiento se reserva el derecho de admisión de usuarios tanto de la Residencia de Mayores como del Centro de Día. Además, los trabajadores serán seleccionados directamente por la empresa pero, según consta en las bases, deberán ser preferentemente del municipio. El coste total del servicio durante los diez años que durará el contrato ronda los nueve millones de euros. La residencia abrirá con una capacidad para treinta y una plazas, de las que quince están concertadas con el Servicio Extremeño Público de Ayuda a la Dependencia.
Fuente: http://www.elperiodicoextremadura.