La Junta aprueba el Proyecto de Presupuestos para 2013.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado hoy el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2013. Las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio ascienden a 9.481.615.087 euros, el 2,45% menos que este año, y han sido aprobadas en la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada esta tarde en el Colegio de la Asunción de Valladolid.

Los 20 tomos que componen el proyecto de ley se han confeccionado con el cumplimento del objetivo de déficit como prioridad, al igual que en 2012. Se trata de una meta muy exigente, puesto que en 2013 el límite es del -0,7% del Producto Interior Bruto (PIB), menos de la mitad que este año. A esto se suma el compromiso de mantener la deuda pública regional por debajo del 13% del PIB, siguiendo el mandato de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la decisión de autolimitarse mediante un techo de gasto.

El resultado de todo ello son unos Presupuestos austeros, sostenibles, posibles, realistas y sobre todo sociales, que parten de una previsión del -0,9% de descenso de la economía el próximo año. Este porcentaje tiene su reflejo en la estimación de la tasa de paro al finalizar el ejercicio, que se sitúa en el 19,9%, 4,4 puntos por debajo del 24,3% que espera el Gobierno de España para el conjunto del país.

Las cuentas para 2013 se presentan cuando han pasado apenas tres meses desde la aprobación de las anteriores. Es el último hito en un año que está siendo especialmente intenso para las finanzas públicas. De hecho, en ese tiempo la Consejería de Hacienda ha elaborado un decreto de prórroga presupuestaria, dos anteproyectos de ley de acompañamiento de los Presupuestos, la Ley 1/2012 de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras y el Plan de Racionalización del Gasto Corriente. Además la Junta ha aprobado y presentado dos techos de gasto (para 2012 y 2013) y el Plan de Ajuste necesario para acceder al plan de pago a proveedores; ha tramitado ante las Cortes la Ley de Concesión de un Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito, el Decreto Ley de Medidas Urgentes para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y el Proyecto de Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria; y ha enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el Plan Económico y Financiero de Reequilibrio 2012-2014, imprescindible para acceder al margen de déficit asignado a la comunidad.

Este esfuerzo y este compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad del gasto público han tenido como consecuencia una mejor situación comparativa respecto a otras autonomías. Conviene recordar, al respecto, que Castilla y León es la cuarta comunidad menos endeudada de España en relación al PIB; goza de una Tesorería saneada que le da acceso a la financiación externa, lo que le permite abordar con sosiego la posibilidad de acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica, y respeta los plazos establecidos en la Ley de Morosidad en el pago a sus proveedores.

El escenario de ingresos del Proyecto de Presupuestos para 2013 está en consonancia con la situación económica general, marcada por la segunda recesión desde el inicio de la crisis, pero al mismo tiempo tiene en cuenta las ventajas comparativas de la comunidad. Por eso contempla una mejor recaudación tributaria, derivada de la implantación de nuevas figuras impositivas que compensan la caída de las tradicionales.

Junto a esto, refleja los recursos definitivos del modelo de financiación autonómica, 5.607,8 millones de euros, cantidad que se incrementa el 2,02% respecto a este año pero que continúa siendo insuficiente para cubrir el coste de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Asimismo, se consignan 433,6 millones de deuda nueva, lo que supone reducirla a casi la mitad que en 2012. Es decir, se opta por una estrategia mixta que combina la reducción del gasto público con un aumento de la fiscalidad.

Por el lado del gasto, lo primero que hay que recordar es que las cuentas del próximo año son las segundas que se elaboran teniendo en cuenta un techo no financiero, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 20 de septiembre. Situaba el importe máximo de los capítulos I a VII del Presupuesto en 8.726,7 millones de euros, límite que prácticamente se agota. De hecho, la suma de esos apartados asciende a 8.726,6 millones, cifra que sale de unir la previsión de ingresos no financieros (8.339,5 millones) y el déficit público permitido (que equivale a 407,2 millones). Al resultado se le han descontado 20,1 millones en concepto de ajustes de la Contabilidad Nacional.

Los dos capítulos restantes, el VIII y el IX, recogen las llamadas operaciones financieras, que ascienden a 755 millones de euros. Se trata de los 303,2 millones destinados, fundamentalmente, a sufragar préstamos a empresas, y los 451,8 que sirven para amortizar créditos.

La suma de ambos bloques da como resultado los 9.481,6 millones de euros de Presupuesto regional para el próximo año. Ahora bien, buena parte de esa cantidad no puede destinarse a financiar políticas de las consejerías. Es lo que ocurre con el gasto financiero. Y con algunas partidas del no financiero, como los 923,8 millones de la Política Agraria Común (PAC), sobre la que la Junta no tiene capacidad de decisión; los 431,3 que sufragan los intereses del endeudamiento, y los 27,1 que administran las Cortes de Castilla y León y el Consejo Consultivo. Es decir, que este año las consejerías únicamente dispondrán de 7.344,3 millones de euros para financiar sus políticas, el 6,1% menos que en 2012.

En este contexto de escasez, donde todos los departamentos de la Junta administrarán menos recursos, el Consejo de Gobierno mantiene su apuesta por lo social. Así, las tres áreas que gestionan esta materia consumen 5.855,2 millones de euros de gasto no financiero, o lo que es lo mismo, el 80% del dinero disponible para las consejerías. El grueso se destina a Sanidad, con 3.237,5 millones; Educación recibe 1.802,4, y Familia absorbe 815,3 millones de euros, cifra muy similar a la de este año. Esto hace que en conjunto el presupuesto de las tres se reduzca el 5,51%, muy por debajo de la media de las otras seis consejerías, que bajan el 8,33%.

Prueba de que se trata de unas cuentas para la cohesión social es, por otra parte, que el 90% de los recursos propios de la comunidad -esto es, los derivados de los tributos autonómicos y el modelo de financiación- se dirigen hacia esas políticas.

Y esto tiene su correlato en el Proyecto de Ley de Medidas Financieras y Administrativas que acompaña al de Presupuestos que, como se indicó el pasado 4 de octubre, reserva los beneficios fiscales, las subvenciones y las bonificaciones en las tasas y los precios públicos a los castellanos y leoneses con menor riqueza. En definitiva, se trata de que el pago de impuestos sea más progresivo y justo, que contribuyan más los que más renta o patrimonio tengan.

Las cuentas para 2013, que mantienen las retribuciones de los empleados públicos, también contienen medidas para reactivar la economía regional y generar nuevos puestos de trabajo. En este campo se enmarca el Plan de Estímulos para el Crecimiento y el Empleo, que se dota con 125 millones de euros y es fruto del último acuerdo suscrito por el presidente Herrera con los agentes económicos y sociales.

Al hilo de esto, destaca el hecho de que las líneas de apoyo a las empresas alcanzan los 383 millones de euros. El 78% de esa cantidad -299 millones- se dedicará a sufragar préstamos reembolsables, mientras que el 22% restante será para subvenciones ligadas a la inversión.

Asimismo, los Presupuestos reflejan el compromiso con las políticas directas dirigidas a la generación de puestos de trabajo, que se llevan 203 millones de euros. En esta línea, responden a las iniciativas pactadas en el marco del diálogo social, puesto que destinan 60 millones de recursos autónomos al Plan de Empleo.

Tanto las inversiones como las transferencias de capital, por su parte, se acomodan a las disponibilidades presupuestarias, lo que ha tenido como consecuencia que disminuyan el 5,9% y el 18,9%, respectivamente.

Por último, en materia de cooperación financiera local el proyecto consigna 230,8 millones de euros de fondos para los municipios, cuantía que incluye el coste de las medidas contenidas en el documento firmado la semana pasada por los máximos responsables de la Junta y el principal partido de la oposición.

Fuente: http://www.prensa.jcyl.es/