El Consejo de Gobierno ha aprobado la oferta de empleo público para el año 2018 correspondiente al personal funcionario del ámbito de los servicios generales al servicio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que supone un total de 418 plazas. Esta oferta de empleo público se ha negociado en la sesión del día 11 de diciembre de 2018 de la Mesa Sectorial de Servicios Generales. Las plazas se distribuyen de la siguiente forma:
- 150 plazas pertenecen a la oferta ordinaria correspondiente a la tasa de reposición de efectivos ordinaria.
- 203 plazas pertenecen a la oferta extraordinaria correspondiente a la tasa adicional para la estabilización de empleo temporal.
- 65 plazas corresponden a la promoción interna de la oferta ordinaria, plazas que no computan a efectos del límite máximo de plazas derivado de la tasa ordinaria de reposición de efectivos.
Por islas, del total de las plazas de la oferta, 345 están en Mallorca, 23 en Menorca, 48 en Ibiza y 2 en Formentera. Por cuerpos, 315 pertenecen al cuerpo general (83 a superior, 5 a abogacía, 5 a gestión, 14 a administrativo, 147 a auxiliar y 61 subalterno); y 103 son plazas para los cuerpos facultativos (56 para el facultativo superior, 29 para el facultativo técnico, 5 de ayudante facultativo, 9 de auxiliar facultativo y 4 de subalterno facultativo).
El cómputo global de las plazas que son objeto de la oferta pública de empleo de 2018 para los servicios generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se basa en el número de efectivos que deben reponerse en el ámbito de los servicios generales y que no pueden superar la tasa de reposición para el año 2018.
Además, en la convocatoria de 2018, y por primera vez desde la aprobación de la medida, también se convocan plazas que corresponden a la tasa adicional en función del proceso de estabilización del empleo temporal en las administraciones públicas. El cómputo de estas plazas se calcula verificando las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, han sido ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017 en el ámbito de los servicios de administración y servicios generales.
Así pues, esta tasa de estabilización sirve a la práctica para reducir la incidencia de los puestos de trabajo interinos en el seno de la Administración de la Comunidad Autónoma. La tasa de cobertura temporal de las plazas insertadas en procesos de estabilización deberá situarse al final del periodo, en cada ámbito, por debajo del 8%.
En la oferta pública conjunta de 2014, 2015, 2016 y 2017 para plazas de funcionario al servicio de la Comunidad Autónoma en el ámbito de los servicios generales, el total de las 395 plazas se ofrecieron de acuerdo con la tasa de reposición . En cambio, es de destacar que, sólo contabilizando la oferta pública de 2018, la cifra de plazas se incrementa hasta 418, y casi la mitad de estas se deben a la nueva tasa para la estabilización del empleo temporal.
A efectos de la libre concurrencia de los aspirantes a cada plaza, las 203 que surgen de la tasa de estabilización se consideran de la misma manera que las 150 de turno libre, mientras que las 65 plazas de promoción interna quedan reservadas al personal que ya presta servicio a la Administración de la Comunidad Autónoma, y que por aplicación del Estatuto básico del empleado público dispone de esta vía para progresar en la carrera profesional, la que permite promocionar desde niveles inferiores a los superiores.
En la convocatoria se reserva una cuota mínima de un 7% del total de las plazas para ser cubiertas por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. De estas plazas, un mínimo del 5% se reserva para personas con diversidad funcional física, sensorial o psíquica, mientras que un mínimo del 2% se reserva para personas con una diversidad funcional que tenga su origen en una diversidad funcional inteligente · tual.
Las convocatorias correspondientes a los procesos selectivos de estas plazas deberán publicarse en el plazo de tres años a partir de la fecha de la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno que ha aprobado la oferta pública de empleo de 2018, deberán garantizar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y serán objeto de negociación en el ámbito correspondiente. Fuente: Gobierno Balear
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