Aprobado el acuerdo con los sindicatos para mejorar el empleo público. El acuerdo recoge las previsiones de convocatorias de empleo público, que en Andalucía se generará de forma neta por primera vez desde 2012. Este año se ampliará la tasa de reposición del 100% a todos los sectores (hasta ahora limitada a educación y sanidad) y se sumará un 8% adicional para el refuerzo de plantillas, lo que permitirá frenar la pérdida de personal y adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de los servicios que presta la Junta.
En 2018 se convocarán 8.326 plazas de empleo público, de las que 3.618 serán para Sanidad y 2.397 para la Administración General. A ellas se suman las 2.321 de Educación, cuyo procedimiento selectivo se está ultimando en estos días. Para este ámbito también se incluye la implantación de las 18 horas lectivas el próximo curso 2018/2019.
Con el fin de avanzar en la estabilización, también se aprobará un nuevo decreto de oferta de empleo público extraordinaria, con otras 3.575 plazas para este año. La cifra elevará a 40.690 el total destinado a este fin entre 2018 y 2021, por encima de las 37.115 previstas inicialmente.
La Junta de Andalucía equiparará a partir de este año y de forma progresiva los permisos por maternidad y paternidad del personal del sector público andaluz, de forma que el otro progenitor disfrutará de un permiso retribuido e intransferible de cinco semanas en 2018, que llegará a 10 semanas en 2019 y a 20 semanas en 2020. En torno a 4.000 progenitores se podrán beneficiar anualmente de la medida. Esta equiparación, que cuadruplica el permiso estatal y sitúa a Andalucía a la cabeza de España, forma parte del acuerdo para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público 2018-2020, suscrito el pasado 13 de julio por la Junta con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, y ratificado por el Consejo de Gobierno.
El acuerdo, que beneficiará a los 270.000 empleados que integran el sector público andaluz y da continuidad a los firmados en 2015 y 2016 para la recuperación de los derechos suspendidos por el anterior Gobierno central, recoge también la implantación definitiva de la jornada de trabajo de 35 horas semanales.
Otra de las medidas acordadas es el incremento del 1,5% de las retribuciones de todo el personal del sector público con efecto retroactivo desde el 1 de enero, subida que se percibirá en la nómina de julio, antes que en la Administración central, y que supondrá la incorporación a la misma de una media de 211 euros en concepto de atrasos. También se añadirá una subida del 0,25% adicional con efectos de 1 de julio.
En 2019 se aplicará una subida fija del 2,25% y en 2020 otra más del 2%. También se incorporará cada 1 de julio una subida añadida variable del 0,25% en 2018, 1% en 2019 y 1,25% en 2020, de modo que en el periodo 2018-2020 los empleados públicos se beneficiarán de un incremento global del 7,25% en sus retribuciones, pudiendo llegar al 8,79% por aplicación de los fondos adicionales hasta el máximo de lo permitido por la legislación estatal (equivalente al 1,35% de la masa salarial para atender sectores considerados de especial relevancia).
Estos fondos, dedicados, entre otros destinos, a la recuperación de la carrera profesional en la sanidad, a la implantación de la Oficina Judicial o al desarrollo de un complemento específico en el ámbito docente, podrán suponer aumentos salariales que se concretarán en las correspondientes mesas sectoriales de negociación.
Respecto a las medidas de conciliación, además de la equiparación progresiva de los permisos por maternidad y paternidad, el personal del sector público dispondrá de una bolsa de horas de libre disposición, acumulables entre sí y recuperables, de hasta un 5% de su jornada anual, para la atención de personas del entorno familiar. La medida se hace extensible al cuidado de hijos sin límite de edad y a los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Asimismo, se generaliza la percepción del 100% de las retribuciones en los casos de baja por enfermedad, un derecho que había limitado el Gobierno central en 2012. La Junta va más allá del acuerdo estatal al aplicar la reducción de la jornada laboral para el personal que se incorpore a su puesto tras finalizar un tratamiento de quimioterapia, radioterapia u otro tratamiento de especial gravedad.
Finalmente, se incorpora el compromiso de seguir trabajando en ámbitos como la implantación del teletrabajo en varios sectores, la finalización de la jornada a las 18.00 y la desconexión digital y de las tareas del puesto. Fuente: Junta de Andalucía