El Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Estatal de Investigación una convocatoria para impulsar la contratación laboral de unos 1.000 jóvenes en actividades de ciencia e innovación. Esta iniciativa, que cuenta con 40 millones de euros, está dirigida a fomentar la contratación laboral de personal técnico y de gestión de la I+D en universidades, organismos y entidades de investigación del sector público.
La convocatoria cumple un doble objetivo: mejorar la formación y empleabilidad de titulados universitarios o técnicos de formación profesional, y reforzar las actividades de investigación de las instituciones y el rendimiento de infraestructuras, equipamientos científico-técnicos, laboratorios u otras instalaciones o servicios generales, incluidos los servicios de gestión de la investigación.
Las ayudas tendrán una duración de dos años y su plazo de ejecución comienza desde la fecha de incorporación de los contratados al puesto de trabajo. La cuantía de las ayudas se destinará íntegramente a la contratación, incluyendo la retribución bruta y la cuota empresarial a la Seguridad Social. Las ayudas serán de 19.600 euros en el caso de los titulados universitarios, y de 17.900 euros en el caso de titulados en formación profesional.Las ayudas se destinan a cofinanciar el salario y cuota empresarial de la Seguridad Social del personal contratado.
Esta iniciativa está enmarcada dentro de las medidas de fomento de la contratación del Sistema Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil y se financia con recursos del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) del Programa Operativo de Empleo Juvenil, correspondientes al periodo de programación 2014-2020. Es la segunda convocatoria para el área I+D en el marco de estas medidas, tras las aprobadas en 2015.
La Agencia Estatal de Investigación es un instrumento para la gestión y financiación de los fondos públicos destinados a actividades de I+D+i. Su finalidad es garantizar la rendición de cuentas, mejorar y extender el seguimiento de las actuaciones, racionalizar la gestión de los fondos disponibles, reducir las cargas administrativas y simplificar y estandarizar los procedimientos. Este nuevo modelo de gestión ha de permitir una mejora sustantiva en la planificación de las actuaciones y dotar a las convocatorias de la estabilidad que requieren las actividades de investigación.