Empleo convoca ayudas por 600.000 euros para contratar 500 trabajadores de ayuda a domicilio en 2017.
Esta línea de ayuda tiene varios objetivos, entre ellos, incentivar los contratos en prácticas dirigidos a la adquisición de una experiencia profesional adecuada al nivel de estudios cursados, que mejore las posibilidades de acceso a un trabajo estable. Además permite respetar la conciliación de la vida laboral y familiar, estableciendo la realización de contratos temporales con cláusula específica de interinidad para sustituir a aquellos trabajadores que, por motivos relacionados con su paternidad o maternidad, dejen de prestar temporalmente sus servicios o reduzcan parcialmente su jornada para cuidar a hijos o familiares.
Además, con estas ayudas se promueve la mejora de la calidad y productividad del trabajo junto a la generación neta de empleo a través del programa de fomento de la contratación por sustitución de horas extraordinarias y de reordenación del tiempo de trabajo.
Por otra parte, se facilita el relevo generacional y se posibilita la adquisición de experiencia profesional a los jóvenes, a través de la realización de contratos temporales con cláusula específica de relevo formalizados con jóvenes desempleados.
Se promueve la integración en el mercado de trabajo de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, y se regula un nuevo programa que tiene por objeto el fomento de la contratación temporal de personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía, con la finalidad de que estas personas puedan obtener una experiencia laboral que les ayude a encontrar un puesto de trabajo estable.
Por último, las necesidades de la población con mayor edad y la progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral han incrementado la demanda de los servicios de ayuda a domicilio en los que existe un alto porcentaje de empleo femenino. Para ello se regulan incentivos para las empresas que prestan este servicio en la Comunidad y que incrementen el tiempo de trabajo de sus empleados.
El programa se adapta a la normativa en materia de presentación electrónica de solicitudes y de notificaciones electrónicas prevista en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. Fuente: JCyL