Los destinatarios de este programa serán trabajadores en situación de desempleo que serán contratados por las diputaciones provinciales de las nueve provincias de Castilla y León. Los 3.300.000 euros, que serán distribuidos entre las entidades provinciales servirán para financiar los costes salariales y de Seguridad Social que se deriven de los contratos de los desempleados, que intervendrán en obras y servicios de interés general, específicas en materia de prevención de incendios, y otros trabajos forestales y de mejora medioambiental.
La distribución de los fondos serán los siguientes: la Diputación Provincial de Ávila contará con 400.000 euros, la de Burgos con 350.000 euros, la Diputación Provincia leonesa dispondrá de 500.000 euros y la Diputación Provincial de Palencia gestionará 300.000. Por su parte la Diputación Provincial de Salamanca podrá contratar trabajadores por 400.000 euros, la de Segovia tendrá un montante de 300.000, la Diputación Provincial de Soria también 300.000, al igual que la Diputación Provincial de Valladolid. Por último la Diputación Provincial de Zamora podrá contratar trabajadores con la subvención de 450.000 euros que le corresponde. La distribución de las subvenciones se ha realizado con el criterio ponderado que ha resultado del cálculo basado en el 50 % en función de la tasa de paro de la provincia, el 25 % en función de la superficie forestal provincial y el 25 % restante en función del número de incendios provinciales en los últimos 5 años.
Por otra parte los destinatarios de estos contratos deberán ser desempleados inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del ECYL. En concreto se priorizarán a los jóvenes menores de 35 años, de forma preferente a aquellos que no tengan cualificación. Tendrán preferencia también los mayores de 45 años, especialmente aquellos que hayan agotado sus prestaciones y tengan cargas familiares y finalmente los parados de larga y muy larga duración, con especial atención a los que hayan agotado prestaciones y las personas en riesgo de exclusión social. En cualquier caso se valorará la experiencia en trabajos de carácter forestal y medioambiental. Los contratos serán temporales con una duración mínima de 180 días a jornada completa y deberán formalizarse antes del 1 de mayo.
Las políticas activas de empleo son básicas para reducir las desigualdades sociales por lo que se entienden como una inversión que contribuye a resolver problemas creando oportunidades para todos los ciudadanos, especialmente a aquellos que tienen una situación de necesidad especial. Por otro lado contribuyen a hacer frente años desafíos demográficos, facilitando la actividad laboral en zonas con especiales dificultades. Estas políticas activas de empleo se basan en uno de los ejes básicos de la II Estrategia Integrada de Empleo: el Plan de Empleo Local, que cuenta con 40 millones de euros para 2016 destinados a la contratación de trabajadores por parte de las entidades locales. La II Estrategia Integrada se firmó el pasado 27 de enero por parte de la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales. Fuente: Jcyl