El presidente de la Diputación Provincial de Soria, Antonio Pardo, reunido con el delegado territorial de la Junta, Manuel López, ha firmado esta mañana la aceptación del convenio de colaboración para la creación de empleo en la provincia de Soria correspondiente a la Diputación Provincial, aprobado el pasado 24 de octubre por el Consejo de Gobierno.
La Junta de Castilla y León invertirá 460.000 euros para el desarrollo de este programa de empleo en la provincia de Soria, que permitirá la contratación de 92 personas desempleadas para realizar obras y servicios de interés general y social. Los contratos se realizarán a través de los ayuntamientos de la provincia con población igual o superior a 2.000 habitantes. En el caso de los municipios con población inferior a 2.000 habitantes, será la Diputación provincial de Soria la encargada de gestionar la contratación directamente o a través de convenios con estos municipios. (40 contratos)
Los ayuntamientos de Ágreda, Almazán, El Burgo de Osma, Golmayo, Ólvega, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe y Soria recibirán en su conjunto 260.000 euros, siendo el importe mínimo de la subvención 20.000 euros por municipio, que permitirán la contratación de 52 personas. La Diputación Provincial de Soria recibirá una ayuda de 200.000 euros, que servirá para efectuar 40 contratos. En total, la Junta de Castilla y León destinará casi 11 millones de euros para el desarrollo de este programa en la Comunidad.
Las personas contratadas deben estar desempleadas, en situación de exclusión social e inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. La acción subvencionable es la contratación de trabajadores por un periodo de seis meses y a media jornada, destinando 5.000 euros por persona contratada. La Consejería de Economía y Empleo financiará los costes salariales, extrasalariales y de Seguridad Social derivados de la contratación de los trabajadores.
Los trabajadores en riesgo de exclusión social son aquellos que son perceptores de renta garantizada de ciudadanía e, igualmente, a todos aquellos que habiendo agotado prestaciones se encuentren entre los colectivos de mayores de 50 años, víctimas de violencia de género, víctimas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, participantes en el Programa Personal de Integración y Empleo, desempleados como consecuencia de un despido colectivo, y personas toxicómanas rehabilitadas, ex presidiarios y pertenecientes a minorías étnicas.
*Anexo: Cuadro con la distribución de la subvención entre los municipios de más de 2.000 habitantes.
