Más de 145 millones de euros para la red de protección familiar de Castilla y y León
Veintitrés programas de actuación se ofrecerán a las personas que lo requieran, y que van desde la renta garantizada de ciudadanía, a las ayudas para hacer frente a los recibos de la hipoteca y evitar los desahucios, a alimentos y productos básicos, o a un plan de empleo específico con diez millones de euros para que 2.000 preceptores de esas ayudas sociales tengan un empleo y que se convocará este mismo mes.
Es «un auténtico proyecto de comunidad», otro rasgo «distintivo de Castilla y León», que se recogerá bajo la forma de decreto-ley y al que Herrera ha invitado a sumarse a los grupos parlamentarios.
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Algunas de las herramientas ya funcionan desde hace varios años, como la renta garantizada de ciudadanía, que en 2014 contará con 53 millones, 11 más que en 2013 para pasar de 10.000 a 28.000 familias; o la red para mediar ante riesgo de desahucio, que en su primer año de vida, que se cumple en noviembre, ha atendido a 1.250 familias.
En diciembre de 2012 se añadió el acuerdo del fondo de solidaridad para ayudas urgentes y desde marzo de este año funciona de forma coordinada un servicio urgente de distribución de alimentos, con el acuerdo de Cáritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos.
El presidente de la Junta ha avanzado que en este mes saldrá la convocatoria de ese plan especial de empleo de diez millones de euros, se aprobará el decreto ley que articula esta red y que recoge los acuerdos con los agentes sociales para flexibilizar la renta garantizada de ciudadanía y se abordará además el reconocimiento de las empresas socialmente responsables.
Además contará con una importante dotación económica, esos 145 millones de euros, que suponen duplicar la partida de 2012 -96 millones- y un 30 por ciento más que los 111 millones de este 2013.
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