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Los cuatro planes de la Estrategia Integrada de Empleo 2012-2015


El Gobierno autonómico reformará el servicio público de empleo, denominado Empleo de Castilla y León (Ecyl) para que en su nuevo cometido colabore en la intermediación laboral entre empresas y trabajadores con la colaboración de las agencias privadas de colocación y las empresas de trabajo temporal (ETT), anunció ayer el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva momentos antes de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo para el Diálogo Social que aprobó horas después los cuatro planes de la Estrategia Integrada de Empleo de la comunidad autónoma para el periodo 2012-2015. La cantidad inicialmente prevista es de 217 millones de euros, según el acuerdo suscrito en la tarde de ayer.
La reforma de Ecyl pretende que este servicio de colocación público resulta «más eficiente», aseguró el consejero. «Lo importante es que la colaboración público privada permita obtener resultados más eficientes en la búsqueda de empleo», comentó Villanueva.
El titular de Economía incluyó la reforma del servicio público de empleo entre las iniciativas que forman parte de la Estrategia Integrada de Empleo cuya puesta en práctica recibió ayer el visto bueno de la Comisión Permantente para el Diálogo Social, órgano en el que al lado de la Junta se sientan los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras junto con la Confederación de Empresarios de Castilla y León (Cecale). Esta estrategia incluye por primera vez en un único impulso el VI Plan de Empleo, el III de Formación Profesional, el IV Plan de Riesgos Laborales y el I Plan de Igualdad, proyectos que antes se implementaban por separado y de forma paralela.
Las prioridades
El consejero adelantó las prioridades que «de inmediato» se trasladarán al Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) a través de convocatorias de algunas ayudas con créditos ampliables cuando se conozcan los detalles de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012. Las primeras serán las del Protocolo de Ayuda a las Empresas en Crisis, línea a la que se destina una ayuda de 6,5 millones de euros y el nuevo Programa de Inserción para el Empleo (PIE) que contará con un crédito de 8 millones de euros ampliable a 12 millones. «Es posible que se lleve alguna otra línea de inmediato», comentó Villanueva. El retraso en la aprobación de los presupuestos no dificultará la aplicación de estas iniciativas ya que se llevarán a cabo a través de «créditos y, en la medida en la que se aprueban los presupuestos del Estado y los de la comunidad se añadirán más créditos. «Empezaremos con una cifra y a medida de que dispongamos de más crédito, que lo vamos a hacer, se añadirán», dijo.
«En octubre del año pasado se aprobó la estrategia española de empleo que cambiaba la rigidez del sistema anterior por una formulación con mayor movilidad y que será la base para poder financiarnos», dijo el responsable del área económica quien reconoció que se desconoce la cifra que transferirá la Administración central. «El año pasado fueron 176 millones», apuntó Tomás Villanueva. Los acuerdos cerrados anoche fijan una cifra de 213 millones de euros desde las arcas regionales para este mismo objetivo.
Sin despidos
El Protocolo de Actuación de Empresas en Crisis establece la fórmula de colaboración con aquellos negocios que declinen acudir al despido colectivo y se inclinen por fórmulas de flexibilidad laboral, como los expedientes de regulación de empleo (ERE) de carácter temporal y suspensivo. «Se basa en la fórmula de la participación de la autoridad laboral y las organizaciones sindicales y empresariales, siempre que exista acuerdo en el ámbito de la empresa, para convertir los efectos negativos del despido colectivo al menos en suspensiones».
Villanueva destacó que se han establecido líneas de apoyo dirigidas a los trabajadores, a través de un complemento de las prestaciones que reciban durante el tiempo en regulación de empleo y, como novedad, se fijan ayudas a las empresas, a las que se compensarán parte del coste de esta situación.
Colectivos
Los planes de promoción del empleo se dirigen de forma específica a los menoresde treinta años y a personas de cualquier edad con más de un año en el desempleo. En el caso del PIE se concibe para la protección de aquellos desfavorecidos que han agotado las prestaciones del paro y no han encontrado encaje en otros programas de carácter nacional. Para estas personas se habilitarán intinerarios integrados de formación e inserción con una ayuda económica de 400 euros mensuales durante un máximo de seis meses «que consideramos suficiente para el desarrollo de este itinerario», apostilló Villanueva.
La iniciativa contempla incentivos a la contratación indefinida y a la conversión en indefinidos de contratos temporales «pero dejando claro que estas bonificaciones son incompatibles con otras similares procedentes de la Administración central», puntualizó Villanueva.
Desde UGT, Faustino Temprano valoró de forma positiva el acuerdo. «Se rompe el tópico de que no nos preocupamos de los desempleados. Nos hemos propuesto varios objetivos, por una parte el mantenimiento del empleo a través de las ayudas a empresas en crisis y por otro, la creación de empleo mediante la incentivación de la contratación indefinida a través del contrato de fomento del empleo, que frente a la línea nacional para empresas de hasta cincuentra trabajadores, en Castilla y León podrá llegar hasta cien», indicó Temprano.

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