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Se aprueban 7416 nuevas plazas en la OPE 2015. #EMPLEO


El Congreso de los Diputados ha convalidado hoy por 180 votos a favor, 10 en contra y 118 abstenciones, el Real Decreto-Ley por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

El texto, defendido en el Pleno por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, recoge una oferta de empleo público de nuevas plazas para cubrir aquellas plazas cuya cobertura resulta imprescindible para satisfacer las necesidades de interés público, y para lo cual es preciso superar los límites de la tasa de reposición previstos en los Presupuestos Generales del Estado.

Según la exposición de motivos de la norma, la lucha contra la elusión y el fraude fiscal, tanto en el ámbito tributario como en el ámbito de las cotizaciones sociales, solo se puede librar de manera adecuada si se cuenta con los medios personales adecuados. Así, se establece la convocatoria de 294 plazas para el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto, y otras 150 plazas en el ámbito de la lucha contra el fraude laboral y de Seguridad Social.

Además, el Real Decreto-Ley recoge que parte de las nuevas plazas de empleo público también irán destinadas a reforzar las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, entre otras, funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales. Para este apartado se aprueba la convocatoria de hasta 200 plazas.

Por último, el texto añade que es preciso reducir los plazos de tramitación de los procesos judiciales lo que redundará, asegura, en una justicia de mayor calidad. Para lograrlo, la oferta de empleo público contempla la incorporación de 160 nuevos Secretarios Judiciales, que son los responsables de la Oficina Judicial y, por tanto, señala el texto, de garantizar la eficacia y eficiencia en la resolución de los asuntos judiciales. Fuente: congreso

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