El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el secretario general del PSCyL-PSOE, Julio Villarrubia, rubricaron el acuerdo en un acto en el que agradecieron el trabajo “callado” de los negociadores de ambas partes, al tiempo que subrayaron el entendimiento por encima de las diferencias en estos difíciles momentos. “Se da una luz de esperanza a los ciudadanos que peor lo están pasando”, aseguró el dirigente socialista.
Herrera y Villarrubia reconocieron diferencias y materias en las que no ha sido posible el acuerdo, pero pusieron el acento en el entendimiento y en el valor del acuerdo y concluyeron que lo firmado será útil para los ciudadanos en unos momentos en que en otros foros no existe esa “cultura del pacto”. El presidente incluso emplazó al presupuesto que presentará la próxima semana su Gobierno para ver donde están las “discrepancias que han impedido” más avances. Por su parte, el dirigente socialista no renunció a la presentación de “numerosas enmiendas” al proyecto de ley que sentará las bases del modelo de ordenación territorial.
“Podemos ser útiles, era un deber político y ético hacer esfuerzos y dar un mensaje a miles de personas que están en el pozo del desempleo de que se puede ver algo de luz”, remarcó Villarrubia, mientras que Herrera presentó el acuerdo no como una reacción ante el cuestionamiento que se hace del Estado Autonómico, sino como la “respuesta responsable, democrática y adecuada”.
En la comparecencia conjunta, en la que detallaron los acuerdos, hubo momentos para la ironía. El dirigente socialista reconoció que no le “duelen prendas” y aunque «a algunos no les guste» en reconocer el esfuerzo que ha hecho el presidente de la Junta para llegar al acuerdo e incluso admitió que cargos y personas de su partido le han podido pedir que diera “caña, cuando han tomado un café. También Herrera se refirió a ‘populares’ que se posicionan en que a la oposición “ni agua”. “Pero para pescar hay que tener caña y agua”, resumió de manera gráfica el presidente.
Aparcadas las diferencias, que se centran en el rechazo de los socialistas a los recortes en educación, sanidad y servicios sociales, aunque en la comparecencia ninguno de los dos utilizó esa palabra, el acuerdo recoge la reforma de las cuatro instituciones de la Comunidad (CES, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y Procurador del Común) para que ganen en eficacia sin que haya que suprimirlas. Lo más novedoso es la eliminación de las secretarias generales de cada una y la creación de una única que dependerá de la Presidencia de las Cortes, donde quedan adscritos estos órganos. Una ley del Parlamento recogerá estos cambios. Otro de los acuerdos pasa por que el Consejo de la Juventud, cuya supresión ya se ha presentado, mantenga su actual configuración como ente público de derecho privado hasta que se materialice la reordenación del sector público empresarial y fundacional.
Para la reordenación del sector público se realizará un informe financiero que recoja las necesidades de cada empresa, fundación y ente para su futura gestión, ya que el fin es llegar al 31 de diciembre de 2013 con la mitad de las 38 entidades actuales sobre las que tiene poder de decisión la Junta.
Empleo y ordenación
La parte de mayor calado del acuerdo es sin duda el plan de choque de empleo, dotado con unos 30 millones de euros en el próximo presupuesto, donde habrá una parte de empleo local, gestionado por los ayuntamientos y otra empleo juvenil. Su contenido se incluye en el Plan de Estímulos que firmará este jueves el presidente y los agentes sociales en el marco del Diálogo Social. Herrera y Villarrubia calificaron de “dramático” el desempleo actual.
El modelo de ordenación territorial tiene una primera base que es la financiación que habrá en 2013, en unos momentos de asfixia de las arcas de las entidades locales. Por primera vez, se contempla unos fondos incondicionados mínimos de 3.000 euros -2.000 como mínimo en función de la población y compegencias y 1.000 básicos- hasta el 1.500.000 euros (capitales).
Pero se avanzará en la financiación y así la Junta se compromete a remitir a las Cortes la primera ley que fijará los fondos de los entes locales mediante su participación en los ingresos de la Comunidad, aunque antes el Gobierno central debe aprobar su revisión de régimen local y el autonómico la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, donde se asienta un nuevo mapa local configurado por las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio, que es donde la Junta presta la educación o sanidad, y que van a coincidir con las nuevas mancomunidades de interés comunitario.